Seis claves para tratar de entender Ayotzinapa.

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De acuerdo a la versión  oficial, el homicidio  de 6  personas y la desaparición de 43 estudiantes normalistas, tiene como origen la orden del alcalde José Luis Abarca, quien aliado con el llamado cartel de los Guerreros Unidos, habría ordenado su detención por parte de la policía municipal,   misma que  –según las supuestas confesiones de los sicarios-  sería la encargada de entregar  a los jóvenes en manos del grupo delincuencial. Visto desde esta perspectiva, todos los acontecimientos se reducen a dos municipios del estado de Guerrero: Iguala, donde se  secuestro a los estudiantes, y  el vecino poblado de Cocula, lugar a donde supuestamente habrían sido llevados para darles muerte  e incinerar sus cadáveres.

Sin embargo, desde los días 26 y 27 de septiembre, fecha en que sucedieron los hechos, se ha originado en todo México una serie de protestas, manifestaciones y expresiones de rechazo. Tan solo en el estado de Guerrero, en poco más de un mes, han sido destruidas y/ o  incendiadas las oficinas de la alcaldía municipal de Iguala, del Palacio de Gobierno en Chilpancingo, la residencia  del alcalde  y el Congreso local. Han sido interceptados y distribuidas las mercancías de decenas de camiones repartidores. En otros estados ha habido marchas y piquetes en las casetas de cobro de las autopistas. En la Ciudad de México  se han realizado dos grandes manifestaciones que han convocado a   100 mil personas cada una. Se ha levantado un movimiento de solidaridad con los normalistas en las principales universidades que en no pocos casos  han visto paradas sus actividades. En Alemania, Argentina, Australia, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dinamarca , Ecuador, El Salvador,  España, Estados Unidos de Norteamérica,  Francia, Perú, Puerto Rico, Reino Unido, Uruguay, Suecia, Suiza, entre otros, ha habido también exigencias para que se presente con vida a los desaparecidos. Una ha sido la acusación  principal en todas las movilizaciones: se señala que el culpable fue el Estado.

La versión oficial, respaldada por casi toda la prensa, se obstina en mostrar lo ocurrido como un caso aislado  y localizado. El hecho es que ya el gobernador del estado se vio obligado a pedir licencia para retirarse de su puesto; el gobierno federal tuvo que asumir el caso y desplegar a miles de elementos militares en la región, supuestamente para realizar la búsqueda de los desaparecidos. Mientras que los partidos de la izquierda oficial Morena y PRD han tenido que deslindarse del alcalde,  y algunos de sus líderes, así como algunos funcionarios gubernamentales han sido repudiados al acudir ante los estudiantes.

Ciertamente en México la criminalidad (especialmente el narcotráfico) y el supuesto combate a esta desde el Estado, ha llevado en los últimos  ocho años a una situación de violencia cotidiana, cobrando cientos de miles de víctimas. El Estado no solo está infiltrado por las mafias sino que   actúa en función del juego de poder de estas. Y esto ocurre a todos los niveles. Políticos de todos los rangos y de todos los partidos están inmiscuidos en asuntos de corrupción, tráfico de influencias, lavado de dinero, trasiego de drogas, armas y trata de personas.

La descomposición que alcanza todas las esferas de la política oficial, da  lugar a que ocurran matanzas como la de 22 civiles ejecutados por militares en el poblado de Tlatlaya  meses atrás. La actuación de las fuerzas federales en ese caso no se limita a la acción individual de un destacamento de soldados: hay toda una cadena de mando que va hacia arriba y sin el funcionamiento de la cual aquel episodio no hubiera ocurrido.

En el caso de Ayotzinapa resulta por lo menos cuestionable la idea de que el crimen de lesa humanidad haya ocurrido simplemente por la decisión personal  de un alcalde enardecido ante un grupo de estudiantes, que, -siempre según dicha hipótesis- amenazaban con frustrar el informe que el día de los hechos daba su señora esposa como encargada de la atención social.  Y aparece como inverosímil  la versión de que los estudiantes fueron confundidos con miembros de un bando rival al de los ¨Guerreros Unidos¨, el denominado ¨Los Rojos¨: simplemente porque los normalistas iban desarmados y porque el narco no acostumbra transportar a sus sicarios o halcones en autobuses, mucho menos los lleva a “botear”.

La primera teoría, la de una llamada “pareja imperial” todo poderosa que por su cuenta decide ejecutar sin más a 43 personas, carece de base sólida. En México hay un antecedente de masacres con sesgo político en las que ha estado señalado el estado en su conjunto y no  solamente funcionarios de bajo nivel: en 1997, 45 indígenas desarmados fueron asesinados en Acteal, Chiapas. Se señalo  como responsable del hecho a un grupo paramilitar. Pero se denunció  y documentó también que tal operación no pudo haberse realizado sin la planeación, colaboración  y complicidad de autoridades civiles y militares: el comandante  de la región militar, el gobernador en turno, el entonces secretario de gobernación Emilio Chuayffet (actual ministro de educación) e incluso el presidente de la república. En 1998 un batallón completo del ejército rodeó una escuela en la localidad guerrerense del Charco, donde se efectuaba una reunión entre guerrilleros y pobladores. El resultado fue de más de  una decena de civiles muertos, algunos de ellos ejecutados sumariamente.  Tres años antes, policías estatales (también en Guerrero)  emboscaron a 22 campesinos en  una carretera.  En ambos casos se señalo como responsables a las altas autoridades civiles y personajes militares, entre ellos al gobernador en turno y al general Mario Arturo Acosta Chaparro, conocido torturador de los años 70´s y 80´s, personalidades que nunca respondieron por los hechos. En Aguas Blancas, al igual que ahora en Iguala, la masacre apareció como un hecho aparentemente irracional: simplemente se  embosco a los campesinos que acudían a un mitin. Pero poco después se supo que detrás había quizá  otro motivo más poderoso para ejecutar el crimen de Estado: en la zona se estaba formando el Ejercito Popular Revolucionario y posiblemente con la masacre se trataba de frustrarlo amedrentando a sus potenciales simpatizantes.

La desaparición de los normalistas de la escuela Raúl Isidro Burgos tiene, al igual que los antes mencionados crímenes de Estado, un claro tinte político que –todo indica- va mucho más allá de la ocurrencia o venganza personal de el alcalde, su esposa y los grupos locales de interés económico a cuyas órdenes pudieran estar  mismos que supuestamente propiciaron que se actuara así contra los estudiantes.

1.El primer dato clave que echa por tierra la teoría de la “pareja imperial”,  está en la actuación del ejército federal el día en que ocurrieron los hechos.  El 27  Batallón de infantería, con sede en Iguala, no  intervino para evitar  el secuestro de los estudiantes ni ante la previa agresión a los autobuses en que estos –y por su lado un equipo de futbol- viajaban y fueron tiroteados. No obstante encontrarse a medio kilómetro del epicentro de los hechos. Más aun: versiones periodísticas indican que ese día desocuparon la plaza,  misma acción que hicieron las policías ministerial y estatal, de tal manera que los policías municipales y los supuestos sicarios de “Guerreros Unidos” pudieron actuar a su antojo.

El   secretario de la Defensa, al comparecer ante una comisión especial  del Congreso afirmo que, primero (el 27 Batallón)  “Solicito información al director de Seguridad Publica, quien le respondió que no sucedía nada y que no había habido balacera alguna y que todo estaba en paz”  (Diputados abordan con Salvador Cienfuegos Caso Ayotzinapa, Nota de El universal. Jueves 13 de noviembre de 2014).  Es decir,  el mando militar,  cuando tuvo informes de la balacera, se contento con la información dada por el jefe de la policía municipal, pese a que el ejercito participa en el operativo Guerrero Seguro desde 2011.   Mas adelante, siempre según la misma nota,  el mismo Cienfuegos reconoció que no fue sino hasta 21 horas después, cuando “recibieron una denuncia de que en el hospital general había personas armadas”.  Es decir, el mando del ejercito en un momento, ante una balacera que tenia lugar a medio kilómetro de su cuartel  se dio por satisfecho con la respuesta del director de Seguridad Publica negando el hecho, y  solo luego  de21 horas, ante la “denuncia” de quien sabe quien,  decidió enviar a ver que ocurría. Para ese entonces, de acuerdo a la versión de la Procuraduría General de la Republica  los estudiantes secuestrados ya estaban en el proceso  de ser incinerados.

2.El siguiente elemento a considerar es la reacción del gobierno federal una vez que se supo de los hechos. En un primer momento dejó que se tratara el asunto como un problema local, pero cuando este trascendió asumió el control de la investigación y de la comunicación al respecto. Aparentemente fue una reacción tardía. Lo que no se toma en cuenta –segunda clave-, es lo ocurrido esa misma semana: recién estallado el conflicto del IPN, tres días después de lo  ocurrido en Ayotzinapa  y   dos antes de realizarse la tradicional marcha del 2 de  octubre en la capital –misma a la que tenían planeado asistir los normalistas-, los estudiantes en paro realizaron una marcha de miles de asistentes, misma que concluyó en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación.  De manera totalmente sorpresiva, contrario a la manera en que acostumbran actuar los funcionarios de alto nivel en México, el propio encargado del ministerio, Miguel  Ángel Osorio Chong salió al templete improvisado en la calle para ofrecer atención a las demandas estudiantiles. Al ofrecer dicho diálogo, no solo evitó que los politécnicos asistieran de manera masiva a la marcha del 2 de octubre (y logró siguieran centrados exclusivamente en sus demandas), sino que tendió una gran cortina de humo mediática mientras detrás del telón ocurrían los gravísimos hechos de Iguala.

3.A la marcha realizada en la ciudad de México con motivo de un aniversario más de la masacre de Tlatelolco en 1968, no solo no asistieron masivamente los politécnicos, tampoco los propios normalistas de Ayotzinapa. En días previos a los hechos de iguala -tercera clave-,  representantes de la Federación  de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), de la cual los matriculados en la Normal Rural Isidro Burgos  forman parte, habían estado asistiendo a las reuniones que con efecto de organizar la llamada Marcha Combativa se realizaban en la UNAM. Dicha coordinación era paralela a la que organizó la marcha oficial, formada entre otros por el Comité 68 Pro Libertades Democráticas. Finalmente se realizaron las dos marchas – la oficial y la combativa-, con recorrido y demandas distintas cada una de de ellas. Según los estudiantes de Ayotzinapa, el día en que se suscitaron las desapariciones, habían acudido a Iguala para realizar una colecta económica de las llamadas ¨boteo¨,  y así reunir recursos para acudir a la marcha combativa.

¿A quién le interesaba que los normalistas no asistieran a dicha marcha? Obviamente no al alcalde Abarca ni a Guerreros Unidos, cuyos intereses de poder son meramente regionales. Si acaso a los transportistas de la entidad federativa les preocuparía que la FECSM no tomara sus autobuses para movilizarse,  pero por lo visto tenían planeado rentar autobuses para acudir al D.F.

4.Aun así Abarca y su  mujer, de apellido Pineda, fueron señalados  por el gobierno federal y detenidos más de un mes después en la Ciudad  de México. Pero -cuarta clave-, versiones como la del propio padre Alejandro Solalinde (quien mucho antes que la PGR, advirtiera el mismo  que contaba con información de que los estudiantes habían sido quemado vivos) señalan que en realidad fueron detenidos días antes en Veracruz. El día en que se hizo el anuncio de su aprehensión, se dieron versiones oficiales encontradas sobre el lugar de su captura (dos distintas casas, una en la calle Cedros y otra en la calle Jalisco de la Colonia Santa María Aztahuacan, ambas en la delegación Iztapalapa, bastión del PRD  así como de su escisión Morena. Sea o no que el alcalde y su esposa hayan sido sembrados en la ciudad capital, lo cierto es que hay varios cabos sueltos: se dijo que se catearon dos casas pero solo hubo detenidos en una de ellas, se manejo en un primer momento que la detención fue gracias a la denuncia de la propia casera que había arrendado el domicilio, luego la versión cambió y se acusó en los medios a una de las familias pudientes de la localidad de haber cubierto la huida de la pareja, aunque la única persona interrogada al respecto y acusada de encubrimiento salió libre bajo reserva, se encontraron almacenados víveres y agua en la casa, como para alguien que llevaba varios días  ahí  o pensaba estar encerrado y sin recibir provisiones de fuera durante un largo periodo –según  la versión oficial- , pero no había basura acumulada. En días previos tuvieron lugar en la ciudad una serie de ejecuciones criminales inusitadas, que los medios manejaron como parte de un “ascendente clima de inseguridad”  que, casualmente, tendría su corolario y se detendría inmediatamente después de la supuesta detención. Los detenidos, según asegura Amnistía Internacional, fueron torturados para arrancarles declaraciones. Finalmente, como haya sido, las autoridades federales y los medios, tuvieron al menos dos semanas, incluso hasta un mes,  para ir construyendo la imagen de la pareja imperial como única autora intelectual de la desaparición de los estudiantes.

5.En  los meses previos,  una de las guerrillas que operan en México, el Partido Democrático Popular Revolucionario – Ejército Popular Revolucionario (PDPR – EPR), en el contexto de la resolución que diera un tribunal federal  para atender el caso de dos de sus militantes desaparecidos desde 2007, advertía en un comunicado:  todo este tiempo más que buscar a nuestros compañeros han preparado y continúan preparando una celada para incriminar a luchadores sociales  (…) con el fin de llegar directamente a asesinar “justificadamente”, para justificar los crímenes de Estado, para evitar la existencia de presos políticos y arrancar banderas de lucha al pueblo organizado.”[1] En ningún comunicado  posterior, ni en los artículos y editoriales de su periódico El Insurgente, el PDPR aclaró quiénes eran esos luchadores sociales que se veían amenazados de muerte  por el Estado Mexicano. Quizá la quinta clave del caso Ayotzinapa se encuentre en la respuesta que el PDPR pudiera o no dar a tal pregunta. Máxime cuando Guerrero es o ha sido uno de los estados donde dicho grupo opera o  ha operado en el pasado. Recordemos que fue en el primer aniversario  de la matanza de Aguas Blancas  cuando el EPR  hizo su presentación pública al irrumpir en un acto conmemorativo para exigir justicia a las víctimas. Años después se presume que el EPR perdió influencia en la entidad, al sufrir diversas escisiones.

6.La última clave nos trae de regreso a la Ciudad de México. El día tres de marzo de 2014,  seis meses y medio antes de Iguala, se suscitó el violento intento de desalojo  del llamado Auditorio Che Guevara en la Ciudad Universitaria. Diversos “colectivos, grupos e individuos libertarios”, señalaron como responsables intelectuales y materiales a la  Organización No Gubernamental Comité Cerezo México   y a la llamada Brigada Multidisciplinaria,  además de que documentaron la cobertura que el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo había dado al operativo. Por su parte embargo tales grupos se deslindaron. Pero además los ocupantes del auditorio,   señalaron la responsabilidad que   estudiantes de la Escuela Normal Rural de Tenería habrían tenido en los hechos. Según la espontánea  confesión del normalista David Moreno Palacios,   (retenido momentáneamente por los estudiantes de la  Facultad de Filosofía en la desbandada que se produjo luego de que estos, acompañados por solidarios de otras escuelas y facultades recuperaran el espacio),  el día de los hechos decenas de normalistas fueron transportados “en comisión”  a bordo de autobuses hacia el Distrito Federal, y solo hasta que llegaron al sitio del desalojo fallido se enteraron de en qué consistía dicha comisión. Del estudiante normalista, luego de que  dio su testimonio, se supone  regresó con sus condiscípulos, pero  no se supo más.

Semanas después de  los hechos,  la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México,  asumiendo su responsabilidad, se deslindo de haber preparado el ataque contra los ocupantes. Decía el comunicado: La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México surgió el 18 de junio de 1935. Durante estos 78 años ha participado en diversas luchas populares y estudiantiles. Compuesta en un principio por más de 30 normales rurales, actualmente quedan sólo 17 resistiendo los embates gubernamentales dirigidos contra la educación pública y normal. Como organización estudiantil hemos sostenido una ideología marxista y dentro de nuestras escuelas se han formado multitud de maestros luchadores, incluidos los guerrilleros Arturo Gámiz, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, entre los más destacados. En las 2 últimas décadas algunas escuelas de la FECSM han venido planteando un reacomodo y reapertura a las nuevas tendencias teóricas, ideológicas y metodológicas existentes en la lucha social del país. Cuestionar nuestras formas no ha sido nada fácil. Producto de esa lucha entre “lo viejo y lo nuevo” son, por ejemplo, los acontecimientos históricos de la visita de la Otra Campaña en 2006 a las normales de Ayotzinapa, Guerrero, y San Marcos, Zacatecas, por las cuales se vieron sujetas a fuertes sanciones; y los acontecimientos del 3 de marzo del año en curso, cuyas consecuencias serán también motivo de fuertes discusiones y resoluciones internas.”[2]

Más adelante profundizaba: La FECSM ha investigado y analizado durante años el comportamiento, los fines y los métodos de algunos colectivos del Distrito Federal y organizaciones sociales del país. Esta tarea la iniciaron compañeros nuestros cuando identificaron la necesidad de replantear nuestra política interior, cambiar o actualizar nuestros métodos y nuestros fines. Aunado a eso, había la necesidad de modificar también nuestras relaciones al exterior, limitarlas en un proceso gradual. Pero en la tarea se tuvo que lidiar con propios compañeros nuestros que no han acatado las resoluciones internas de nuestra organización y que incluso han fortalecido las relaciones con quienes se suponía debíamos irnos alejando. Las consecuencias, la opinión pública y las organizaciones sociales las conocen, pero no ha sido la FECSM en su totalidad y eso es cosa que tenemos que resolver nosotros en nuestras asambleas y espacios de discusión internos. Lo único que queremos es que esta situación no beneficie a los intereses del Estado, y que las organizaciones que hoy miran con interés de que esta situación se resuelva, comprendan también nuestros procesos de reacomodo interno.”[3]  Y remataba diciendo: La FECSM asumirá, pese a no ser responsable, las consecuencias que muchas fuerzas de izquierda y el Estado mismo le han imputado.”[4]

¿A quién y por qué  le correspondió   sancionar en 2006 a los normalistas por realizar actos de la Otra Campaña,  en Ayotzinapa y Zacatecas, cuando dicho movimiento, se definió en su momento como  un movimiento anticapitalista?  ¿Cuáles fueron  las consecuencias  que la FECSM tuvo que asumir por verse inmiscuida en el fallido desalojo del auditorio Che Guevara?

No sabemos en qué concluyeron esas “fuertes discusiones” y “reacomodo interno”. Lo cierto es que meses mas tarde, mientras los normalistas se aprestaban  par marchar en la ciudad de México, en Iguala  pasó lo que pasó. Poco después distintos medios señalaban como  “violentos” a activistas universitarios, identificados como radicales y/o   anarquistas[5]Y en medio de un clima de protestas estudiantiles casi todos los días, la policía judicial y preventiva del DF entraban a Ciudad Universitaria. El centro del ataque era de nuevo el auditorio Che Guevara.

Finalmente: ¿Por qué el ejercito federal no solo no intervino, sino que parece haber encubierto con su omisión la desaparición de los normalistas? ¿Fue detenida o sembrada la Pareja Imperial en Iztapalapa? ¿Por qué la insistencia oficial  en la versión de que se trato de un crimen común y se desecha tomar en cuenta cualquier indicio de que se trate de  un crimen político? ¿Por qué inmediatamente  después de ser golpeada la FECSM, o una fuerza renovadora y critica al interior de esta, encarnada en este caso  por los estudiantes de Ayotzinapa, se desarrolla un operativo mediático y de Estado contra los grupos anarquistas  y/o  estudiantiles que aparecen por fuera del control oficial? ¿Hay dentro del Estado Mexicano    interés en desarticular al mismo tiempo a dichas  expresiones, la estudiantil rebelde y la contestataria anarquista? ¿O bien hay un mensaje que va más allá y tiene que ver con el  reciente fortalecimiento  y espaldarazo publico del ejecutivo al ejército? Y de ser así, ¿Hasta donde llegará el Estado en su determinación?Mientras en México  todo se complica y los normalistas no aparecen,  seria bueno tener la respuesta a  algunas  de tales preguntas.

Epílogo. Doscientas mil personas participaron en la movilización del 20 de noviembre. Al final, cuando aun no arribaban los últimos contingentes, las policías federal y local arremetían contra una multitud. Una manta rezaba: “El Estado ha muerto.”

[1] Comunicado del PDPR –EPR al pueblo de México. República Mexicana. 13 de julio de 2014. Consultado en el sitio web cedema.org.

[2] FECSM reprueba hechos de violencia en la UNAM.   Comunicado A los medios de comunicación, a las organizaciones sociales, a la sociedad en general. Reproducido en el sitio web de la revista Contralínea http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/04/06/nuestros-lectores-127/ fechado  el  día 6 de abril de 2014.

[3]  Ib Id.

[4] Ib Id.

[5] Por ejemplo, Sergio Sarmiento en su columna Jaque Mate del 7/11/2014 titulada Anarquistas, apuntaba: “Nos dicen que estos jóvenes se llaman a sí mismos “anarquistas”. Al parecer se trata de “fósiles” de distintas escuelas públicas. No es la primera vez que actúan de esta manera. En distintas ocasiones han realizado actos violentos en manifestaciones que de otra manera habrían sido pacíficas.”

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